UN PAÍS AL MARGEN DE LA LECTURA

Resumen

En este artículo se toma como objeto de reflexión el recelo con que el habitante de nuestro país observa al Estado.  Se propone cono conjetura hipotética que dicho recelo está ligado al desconocimiento de las leyes por parte de los ciudadanos, quienes acatan normas impuestas por los gobernantes de turno, sin asumir el ejercicio de la lectura interpretativa y crítica de los discursos legales en que tales normas deberían enmarcarse.  A partir de la prédica de Nino que muestra a los argentinos como habitantes de un país al margen de la ley, se intenta entender este problema, redefinido como “un país al margen de la lectura”, a la luz del sistema político caudillista que caracteriza la historia de la organización nacional. Introducción

En nuestro país, la mayor parte de la sociedad ve al Estado como un ente que impone obligaciones y al que hay que sortear o evitar para mejorar el estándar de vida. No se concibe al Estado como una organización que incluye a los ciudadanos sino como una entidad que hostiga, limita y además se lleva parte de las ganancias mediante la percepción de tributos. Cuando las cosas funcionan bien no se atribuyen los logros al Estado sino al gobernante de turno; cuando no funcionan, en cambio, se piensa que la responsabilidad es del Estado, como si Estado y gobernantes fueran cuestiones separadas.

¿Y ello a qué se debe? ¿Por qué los ciudadanos argentinos no se sienten parte del orden estatal pero sí les rinden pleitesía a los gobernantes de turno que son los conductores del mismo Estado? ¿Cómo se explica que la población no se instruya, no lea y analice las leyes y sólo atienda lo que el gobernante de turno dice que las normas dicen?

 Ante estos interrogantes, intentamos avanzar al respecto con el objetivo de dilucidar estas incertidumbres. Nos referimos al recelo o encono con que el habitante de nuestro país observa al Estado.

En una magistral obra, Carlos Nino (2005) nos mostró a los argentinos como una nación al margen de la ley en la cual la anomia boba o las prácticas de conductas en ilegalidad constituyen paradójicamente la regla y, en cambio, la adecuación espontánea a las normas, la excepción. En este trabajo procuramos aggiornar la prédica de Nino y enfocar la marginación no ya de las leyes sino de su lectura y conocimiento. Para ello partimos del hecho de que la población argentina desconoce sus normas y derechos y se opone al Estado; luego intentamos hacer comprensible este problema poniéndolo en relación con el sistema político caudillista con que se gestó nuestra organización social.

II. El origen del problema

Conviene remontarnos a la época de la conquista de América por los europeos, situación en la que los representantes de la corona española se ocupaban más de enriquecerse y divertirse que de ampliar los dominios de la metrópoli.

Nikolaus Werz (1995:31) aclara que el trabajo forzado introducido por los europeos era desconocido por la mayoría de los pueblos aborígenes; la disciplina del viejo continente era absolutamente distinta a sus modos propios de existencia. En algunas lenguas indígenas se asociaba el trabajo impuesto por los españoles a una forma de morir o ir muriendo.

Fue la Iglesia , a través de algunos de sus hombres, la que logró atenuar un poco las matanzas y torturas que materializaban diariamente los conquistadores en América: el sacerdote dominico Antonio de Montesinos se dirigió a éstos en una prédica realizada en la Isla Española en 1511 tratándolos de pecadores “debido a las atrocidades y tiranías” que usaban en contra de esa gente “inocente”.

Las leyes de Burgos, de 1512, se constituyeron en las primeras normas jurídicas de una política estatal que intentó proteger al indio desde la metrópoli. Asimismo, las  Leyes Nuevas de Indias, de 1542, prohibieron la esclavitud de los aborígenes. Pero la realidad seguía siendo cruel para los indios en tanto que en las tierras americanas continuaban las prácticas aberrantes con máscaras de legalidad: los sistemas de encomiendas eran una forma de esclavitud indirecta (Prien, 1985:177-178).

La cuestión de la legitimidad del dominio español fue arduamente discutida en la España del siglo XVI. La más alta expresión de ese debate fue la disputa teórica entre Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda (1550). El primero procuró un trato humanitario y el segundo justificó el trato desigual, considerando al europeo como un ser superior. Esta discusión ética trajo mayor protección legal a los aborígenes, aunque también fue más formal que material (vale recordar que los sacerdotes buscaban no tanto conservar las costumbres indígenas sino convertir a los indios al cristianismo).

José Luis Romero (1998) indica que “los conquistadores y colonizadores llegaron persuadidos de que adquirían en el nuevo mundo una posición de riqueza y privilegios semejante a la de los hidalgos o caballeros de la península: era, sin duda, uno de los móviles que invitaban a la expatriación y a la aventura…. La conquista consolidó aquella convicción y el sistema de instituciones de la colonia le prestó respaldo vigoroso. Ninguna de las medidas adoptadas por el gobierno de la metrópoli para proteger a los indígenas logró contener el proceso de señoralización, fundado en el sistema de privilegios que rigió desde el otorgamiento de las primeras capitulaciones y mercedes”.

Los tres siglos siguientes consolidaron una separación de clases sociales, encabezadas por los señores que tenían los privilegios y el capital, y más abajo se encontraban los blancos pobres, los mestizos y los indios. Esta situación hizo que, en la realidad, nadie viera al Estado como una persona jurídica que los incluía: los primeros sólo utilizaban algunas normas provenientes de la metrópoli para conservar su poder y su capital pero no respetaban aquellas leyes que les imponían un trato inhumano a los demás. Las clases más desprotegidas sólo eran tenidas en cuenta por la Iglesia católica que aparecía como la única institución con algo de poder que podía llegar a ayudarlos.

Werz (1995:33-34) precisa además que el gobierno español reconoció a las regiones de ultramar como vierreinatos y no como colonias, pero en los hechos fueron colonias si se tiene en cuenta el aspecto de dominio político y la dependencia económica. Este particular contexto impidió que quienes habitaban las tierras latinoamericanas se sintieran contenidos por un Estado, el que se mostraba a través de las leyes e instituciones de una manera pero en la realidad se asentaba de otra.

Las revoluciones y declaraciones de independencia de los países  americanos, tampoco trajo consigo un cambio respecto del fondo. Sólo algunos aristócratas criollos, que entendieron de qué se trataba dar luz a una Nación, pudieron concebir a los estados latinoamericanos como entes necesarios y comprensivos de las realidades individuales de sus componentes. La masa poblacional sólo percibió un cambio de autoridad que no trajo un reconocimiento palpable de bienestar a sus casas, ni tampoco fue tan fuerte como para modificar la visión del estado cristalizada durante más tres siglos.

Prueba de ello es que Simón Bolivar, en su Carta desde Jamaica (6/9/1815), entendía que  los Estados americanos, una vez independizados, necesitaban la asistencia de gobiernos paternalistas que curaran las heridas de las guerras con las metrópolis como así también las que eventualmente podían dejar los enfrentamientos intestinos. Por ello auguraba sistemas de gobiernos republicanos con ejecutivos fuertes, respaldados por la Iglesia Católica. A su vez, José de San Martín instaba la creación de monarquías en virtud de que consideraba que en América no estaban presentes los rasgos necesarios para instituir Repúblicas (Konetzke, 1972:62).

Como bien puede apreciarse, ya desde los primeros días de independencia, los más importantes hombres de Sudamérica postulaban autoridades unipersonales, con personalidad fuerte y paternalista. El mismo Alberdi (1852), en sus Bases, continúa por la senda mentada proyectándose en los constituyentes del ´53 para plasmar un Ejecutivo unipersonal como jefe de Estado y de Gobierno. No cabe duda de que se quería organizar el Estado procurando la unión de su componente humano, el que justamente presentaba una heterogeneidad social muy marcada. Y de allí al populismo hay un solo paso.

Nikolaus Werz (1995:88-89) explica que en el discurso populista se equipara al individuo con el pueblo y con la nación, y se presenta a éstos como una comunidad no dividida por clases sociales. Es decir, se intentan disimular las diferencias reales existentes en la sociedad con la apariencia de una unidad. En este marco aparece la necesidad de una autoridad de tipo personalista e integradora (el líder supone ser el vínculo de unidad entre los marginados y la Nación , consolidada en la retribución de lealtad hacia él por parte de los más débiles). Por ello surgen también las figuras o mitos que simbolizan la permanencia del movimiento aún cuando su líder desaparece. El mito sirve de sostén al nuevo líder, que se apoya en él para lograr la estabilidad suficiente.

En este contexto, ¿qué papel jugaron los caudillos?

Bien señala Chiaramonte (2007:76)  que la ciudad hispanocolonial era, más allá de ser una modalidad de asentamiento humano, el fundamento de un estado en una sociedad. Huelga recordar que el Virreinato cumplía la función de integración de las ciudades enclavadas en él. Pero destituidos los Virreyes, a principios del Siglo XIX, las poblaciones latinoamericanas se quedaron “solas” – a decir de Werz (1995:40) - y fue entonces cuando la figura del caudillo se hizo trascendente para liderar estas ciudades que luego adquirieron el status de provincia. Este caudillo hizo las veces de ejecutivo fuerte local, a los fines de proteger los derechos de los ciudadanos que lo aceptaron como su “jefe”.

Cuando Alexandre Kojeve (2005:35 y ss.) analiza el concepto “autoridad” dice que la misma puede ser justificada desde cuatro ópticas: teológica, justicia o equidad (Platón), sabiduría (Aristóteles) y esclavitud. Siguiendo el estudio que hace Kojeve de las cuatro teorías, nos inclinamos por justificar la autoridad de los caudillos desde el punto de vista teológico, considerando que los ciudadanos atribuyeron al caudillo cierta divinidad y omnipotencia, que éste no tenía, siendo dicha ficción necesaria para enfrentar con seguridad los avatares y conflictos que sufrió la inestable Argentina de la primera mitad del siglo XIX. 

Estimamos que José Pablo Feinmann (2004:201-203), cuando analiza la torrencial vida de Facundo Quiroga desde la mirada de Sarmiento, es quien mejor califica a los caudillos de esa época al expresar que son aquellos que consiguen ser idealizados por las masas por encima de la realidad sensible, que aparecen como seres sobrenaturales siendo que eran los más naturales de los seres humanos por ser los más bárbaros. Las muchedumbres, continúa Feinmann, reaccionan de dos maneras ante el llamado u orden del caudillo, con espontaneidad o con irracionabilidad, pero siempre instintivamente y siguiendo el horizonte señalado por su líder.

En cierto sentido entendemos que ello no sólo es así por la extravagante personalidad de los caudillos sino porque las mismas masas lo ubican en ese pedestal para ser guiadas por sus ojos. Nos parece que ésta es una de las consecuencias de la actitud cómoda de no leer, de no intentar comprender, de no adquirir conocimientos por sí solos y, en su reemplazo, delegar todo el destino de sus vidas a la buena o mala conducción que el líder haga a favor del grupo.

Ahora bien, ¿y el Estado? ¿No era acaso el caudillo su más exponente representante? En este punto discrepamos con esa creencia general que muchas veces se asienta en los manuales de cátedra.

Desde nuestra óptica observamos al caudillo como el nexo entre lo divino y lo real, siempre y cuando la Iglesia Católica y sus sacerdotes lo convaliden. Pero como algo diferente al Estado opresor. Y es en este punto donde centramos el problema: por un lado está el Estado que requiere el pago de tributos, que limita derechos, que impone sanciones; y por el otro el caudillo, ese líder impuesto por las masas para que medie en defensa de sus postergaciones.

A diferencia de lo que sucedió en los Estados Unidos, en donde la religión protestante calvinista tuvo un rol preponderante y unificador en la consolidación de los Estados locales y de su unión, en Sudamérica la religión católica  se acercó al caudillo en muchos casos pero para las masas fue y sigue siendo una alternativa de poder vista como un freno al avance del Estado.

Tocqueville (1986:39-43 cit. en Nino, 2005:20) atribuyó a las costumbres y al estado moral e intelectual del pueblo latinoamericano las principales causas de la imposibilidad de asentar democracias estables y economías de desarrollo en sus países. Según Nino (2005:20), fue Max Weber quien vinculó a la cultura asociada al calvinismo protestante con el desarrollo económico y político del país del norte, en contraste con la influencia católica en la vida estatal de los países del sur.

Tal vez lo expuesto logre explicar la curiosa situación que se presenta en las clases humildes de las poblaciones latinoamericanas: un aferramiento a la religión católica como sostén moral que les sirva de herramienta espiritual y anímica a los fines de sobrevivir en un mundo injusto que permite la concentración de poder político y económico en su perjuicio. El Estado, para ellos, es un instrumento de orden que posibilita la conservación y estabilidad de la desigualdad. En la Iglesia encuentran su consuelo y sueñan un cambio milagroso.

Estas grandes masas, cuando el caudillo aparece espontáneamente o cuando surge impuesto por el grupo, le atribuyen a ese líder cualidades sobrenaturales que lo aproximan a Dios y le asignan un lugar semi divino sostenido por la desesperación de sus seguidores. Para el creyente humilde el caudillo no representa al Estado sino a la autoridad que puede milagrosamente elevar su estándar de vida. Es esa persona plagada de cuasiperfectos atributos el único que puede ayudarlos en la tierra desde el punto de vista material. El sacerdote se encargará de lo espiritual.

III. Qué sucede en la actualidad

Hoy estamos en plena época tecnológica y pareciera ser que los progresos científicos en nuestro país han aumentado el distanciamiento que existe entre los componentes de la sociedad y los textos escritos, ya sean libros, diarios, revistas y, principalmente, de las leyes y sus contenidos. En cualquier reunión, ya sea de gente trabajadora en relación de dependencia o de aquellos que ostentan la propiedad del capital, nunca se analiza el contenido de las normas que rigen la sociedad. Es casi nula la discusión al respecto.

En cambio, generalmente cuando el Intendente, el Gobernador o el Presidente se dirigen a la gente mediante el uso de la palabra en un medio masivo de comunicación, a los fines de informar sobre una medida de gobierno o respecto a una norma, la población recepta esa explicación como la norma sin detenerse a ver si coinciden dichas palabras con el contenido de la norma. En síntesis, el elector se guía por lo que la autoridad dice y no ahonda en ver lo que realmente predica la ley.

Estimamos que ello proviene de la costumbre que se originó remotamente en la llegada de los conquistadores y la posterior aparición de los caudillos, como reflejo divino. Quien ejerce el Poder Ejecutivo ocupa el lugar que dejó el caudillo antes de la organización constitucional de la República Argentina. Se lo escucha, se lo respeta, se lo venera y se cree en él, hasta que la realidad produzca un desengaño y la imagen positiva caiga en el descrédito. Ello explica que se vea a los poderes legislativos como la representación del Estado opresor, y a las personas que están a cargo de los poderes ejecutivos como sus caudillos salvadores. Es decir, como aquellos que pueden cambiar la realidad social para mejorarla.

Las marchas populares del 2001/2002 tuvieron como destinatarios principales a las legislaturas nacionales, provinciales y municipales, porque el pueblo se lanzó contra el estado pero no en contra de los caudillos. El único ejecutivo que fue objeto de esa protesta fue el nacional ya que la gente le quitó el respeto al Dr. Fernando De la Rúa , no por corrupto ni por delincuente, sino porque no cumplía con el rol personalista que se esperaba de él, como de cualquiera que ocupara tal trascendental cargo. El electorado permite y soporta cualquier cosa de los Ejecutivos, cualquier abuso de poder, cualquier error, pero lo que no tolera ni acepta es que quien ocupe ese cargo no cumpla con su papel de caudillo conductor.

Lamentablemente esta patología política que se asentó en el transcurso del tiempo no es fácil de erradicar, máxime cuando no se avizora una modificación desde los diferentes estratos sociales. La ausencia de crítica y discusión de las medidas adoptadas con el guiño de los Poderes Ejecutivos hace que, por un lado, se vaya desconociendo cada vez más cuáles son los derechos que el individuo tiene y cuáles son las posibilidades del pueblo de modificar lo perjudicial; y, por el otro, que el poder discrecional de los órganos ejecutivos crezca ilimitadamente.

IV. Posible solución

Así como Carlos Nino (2005:252-253) entiende que se sale de la anomia sólo mediante un proceso de deliberación pública donde puedan percibirse las consecuencias dañosas de la ajuridicidad, estimamos que sólo puede superarse nuestra realidad de endiosamiento de quienes se hacen cargo de los poderes ejecutivos mediante un proceso educativo progresivo en el que desde la educación inicial se enseñe a los educandos la importancia del conocimiento directo de las normas, de las instituciones y de la historia, para evitar seguir delegando en un solo individuo la esperanza de los cambios que necesitan para superar sus obstáculos.

Lo primero que debe desterrarse es la falsa idea colectiva de que una sola persona puede solucionar los problemas de todos, y lo segundo es la actitud cómoda y desinteresada consistente en la mencionada delegación al “margen de la lectura”.

Si bien es cierto que para ello se necesita un cambio de cultura, no menos cierto es que dicha mutación es posible en el largo plazo si la educación básica, de nivel medio y la terciaria no universitaria y universitaria se repiensa como un conjunto integrado con esta finalidad como horizonte. Ningún ciudadano puede preciarse de tal si no coadyuva desde su lugar de trabajo, desde su lugar en su familia y en su entorno barrial y social para lograr este objetivo.

Sólo así, dentro de unos veinte o treinta años, educación mediante, dejaremos de estar al margen no sólo de la ley sino también de la falacia absurda anteriormente descripta, en tanto la lectura y la comprensión de las leyes  por parte del soberano (pueblo) le devolverá a éste el lugar que nunca debió ceder. 


REFERENCIAS

Alberdi, Juan Bautista (1852- ed. de 2007): Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina ,Terramar.

Chiaramonte, José Carlos (2007): Orígenes de la Nación Argentina , Ed. Emecé.

Feinmann, José Pablo (2004): Filosofía y Nación, Ed. Seix Barral.

Kójeve, Alexandre (2005): La noción de autoridad, Ed. Nueva Visión.

Konetzke, Richard (1972): América Latina 2: La época colonial, Siglo XXI.

Nino, Carlos (2005): Un país al margen de la ley, Ed. Ariel.

Prien, Hans Jürgen (1985): Historia del cristianismo en América latina, Sígueme.

Romero, José Luis (1998): El pensamiento político latinoamericano, AZ Editora.

Werz, Nikolaus (1995): Pensamiento sociopolítico en Latinoamérica, Ed. Nueva Sociedad.